Peter Schey, abogado de EEUU, es Presidente y Director Ejecutivo del
Centro para los Derechos Humanos y Derecho Constitucional, de Los Angeles,
California.
El Centro se dedica a la protección y promoción de las
libertades civiles fundamentales y los Derechos Humanos mediante acciones de
litigio, servicios legales directos, educación, capacitación y la presentación
de peticiones ante foros internacionales.
El Centro sirve como apoyo a
grupos sociales, legales, religiosos y comunitarios en los Estados Unidos y en
otros países involucrados en la defensa de los Derechos Humanos y
civiles.
5 de Marzo, 2013
Presidente Barack Obama
The White
House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500
Estimado
Presidente Obama,
Se que usted conoce el caso de los 5 Cubanos -Gerardo
Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González.
Le estoy escribiendo para pedirle que considere dejarlos en libertad y
permitirles que regresen a Cuba, algo que puede lograr bajo sus poderes
ejecutivos. Esos hombres han estado presos en los Estados Unidos por catorce
años. Es indiscutible que ellos eran agentes de la inteligencia cubana cuyo
principal propósito era monitorear grupos en Estados Unidos que incurrieron en
actos criminales y terroristas contra Cuba y la población civil cubana. Sus
sentencias son inusualmente excesivas ya que nada de lo que hicieron representó
ninguna amenaza significativa a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es
indiscutible también que el resultado de sus casos podría ser muy significativo
con respecto a las relaciones Cuba-Estados Unidos en el futuro, y el avance en
los objetivos que ambos gobiernos han expresado.
Es indiscutible que los
5 Cubanos se dedicaron principalmente a lo que el gobierno cubano y los Cinco
consideraron actividades "anti-terroristas", penetrando grupos como Alfa 66,
Comandos F4 y Hermanos al Rescate (BTTR por sus siglas en ingles). En el juicio,
expertos militares, incluyendo el actual Director de Inteligencia Nacional,
James Clapper, testificaron que los 5 Cubanos no representaron ninguna amenaza
sustancial para la seguridad nacional. Un miembro trabajó en la construcción en
una Estación Aérea Naval en Key West y pasó información, disponible mayormente a
personas sin acreditación y considerada sin importancia para la seguridad
nacional. Pero la gran mayoría de los esfuerzos de los 5 Cubanos fueron
destinados a monitorear las actividades de un pequeño número de grupos en
Florida, cuyos líderes han demostrado ampliamente, como mínimo, su voluntad de
participar en actividades ilegales, o de terrorismo en el peor de los casos, en
pos de sus objetivos: El derrocamiento del gobierno cubano.
El Centro
por los Derechos Humanos y Constitucionales está particularmente preocupado con
la grave injusticia en el caso de uno de los 5 Cubanos, Gerardo Hernández, quien
está cumpliendo una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad por el
cargo de conspiración para cometer asesinato relacionado con el derribo por
parte de militares cubanos el 24 de febrero de 1996 de dos aviones de Hermanos
al Rescate causando la muerte de cuatro miembros de ese grupo. El derribo fue la
culminación de más de veinticinco vuelos ilegales en el espacio aéreo cubano en
los veinte meses previos al evento. Como se muestra en detalle a continuación:
- El gobierno estadounidense tenía mucha más advertencias y más detalles
sobre el planeado derribo que las que Gerardo jamás poseyó.
- El gobierno de EEUU podría haber detenido fácilmente los vuelos de
BTTR y evitar el derribo mientras que Gerardo no pudo hacer nada para impedir
los vuelos de BTTR o el derribo.
- Gerardo no hizo absolutamente nada para alentar o persuadir a los
pilotos de BTTR para que penetrasen el espacio aéreo cubano.
- Ni el gobierno de EEUU ni Gerardo tenían la menor idea del lugar donde
sucedería el derribo, (supuestamente en espacio internacional como afirma el
gobierno de EEUU), y
- El gobierno de EEUU y no Gerardo, le dijo al gobierno cubano que los aviones
de BTTR estaban partiendo de Miami y podrían estar dirigiéndose al espacio aéreo
cubano el día del derribo.
Bajo estas circunstancias,
independientemente de los detalles técnicos, o de cómo la ley estadounidense fue
interpretada por el Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones, que hizo posible
que la sentencia de conspiración se mantuviera, una cadena perpetua es
extraordinariamente desproporcionada en relación con el papel insignificante de
Gerardo en cualquier aspecto del derribo. De hecho, él tuvo un rol tan
pequeño en el derribo de los aviones de BTTR como el rol que podría tener un
agente de la inteligencia de EEUU en Islamabad con respecto a los ataques con
drones en las Áreas Tribales federalmente administradas a lo largo de la
frontera Afgana en el Noroeste de Pakistán.
A modo de referencia,
Hermanos al Rescate repetidamente había presentado planes falsos de vuelo a la
Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en ingles) desde 1994.
Pilotos de MiG previamente se habían encontrado con aviones de BTTR en el
espacio aéreo cubano. El líder de BTTR Jose Basulto se comunicaba por radio con
los pilotos cubanos, ignorando sus advertencias y demandándoles que desertaran
con sus aviones, un acto que obviamente sería criminal bajo la ley cubana (como
lo sería bajo la ley de EEUU si un piloto desertara en Cuba en un A-10
Thunderbolt II). El señor Basulto es conocido por haber participado en diversas
actividades destinadas a derrocar al gobierno cubano. Entrenado por la CIA en
inteligencia, comunicaciones, explosivos y sabotaje, regresó a Cuba haciéndose
pasar por un estudiante de física para ayudar a preparar la invasión de Bahía de
Cochinos, más tarde se infiltró en Cuba para sabotear un supuesto emplazamiento
de misiles y en agosto de 1962, llevó un barco a Cuba y disparó un cañón de 20
mm a un hotel (Rosita de Ornedo) lleno de turistas.
En 1995, Basulto y
BTTR anunciaron públicamente su nuevo plan de "desobediencia civil" dentro de
las aguas territoriales cubanas. Cuba se preparó para confrontar los aviones de
BTTR con sus MiGs. El Departamento de Estado emitió una tenue advertencia a BTTR
de que sus aviones no deberían violar el espacio aéreo cubano. Desobedeciendo al
gobierno de los EEUU y a las leyes cubanas, el 13 de julio de 1995, pilotos de
BTTR nuevamente presentaron planes falsos de vuelo y penetraron con cuatro
aviones dentro del espacio aéreo cubano. A medida que Basulto y los otros
pilotos entraron en el espacio aéreo cubano, el control de tráfico aéreo de la
Habana advirtió a los aviones que salieran del mismo. A pesar de la presencia de
los MiGs rodeando los aviones de BTTR, Basulto y los otros pilotos decidieron
ignorar las advertencias. De hecho, a su propio riesgo, y el de civiles cubanos,
Basulto continuó volando hacia el centro de la Habana y rozó la ciudad a muy
baja altura por 13 minutos arrojando desde su avión cerca de 20.000 panfletos.
El gobierno cubano tomó medidas moderadas inmediatamente después de
este incidente, y envió una carta a la administración de la FAA notificándola de
las violaciones de las leyes aeronáuticas cubanas cometidas por BTTR el 13 de
julio de 1995. La carta del gobierno cubano específicamente advirtió que el
incumplimiento del gobierno de los Estados Unidos de poner un alto a la entrada
ilegal en el espacio aéreo cubano por parte de los pilotos de BTTR "pueden traer
graves consecuencias" y pidió que la FAA se comprometiera con prontitud a tomar
"las medidas que sean necesarias" para asegurar que se interrumpieran los vuelos
ilegales en el espacio aéreo cubano y sobre los tejados de la Habana. De
hecho el gobierno cubano dejó bien claro que si los vuelos de BTTR continuaban
invadiendo ilegalmente el espacio aéreo cubano "los aviones podrían ser
derribados"
Gerardo Hernández no tuvo nada que ver con la continua
invasión ilegal de la soberanía cubana por parte de BTTR, o la respuesta del
gobierno cubano. El nunca alentó a los pilotos BTTR a violar el espacio aéreo
cubano, nunca sugirió que entraran en el espacio aéreo cubano, ni él tenía
influencia alguna para impedir que lo hicieran. Obviamente, el gobierno cubano
había desalentado la intrusión de BTTR en el espacio aéreo cubano al advertir
que esta conducta podría tener graves consecuencias en el
futuro.
Seguidamente el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió
una declaración de advertencia a los pilotos BTTR a que permanecieran fuera del
espacio aéreo cubano. La declaración repitió la posición del gobierno cubano que
si los aviones penetraban ilegalmente en su espacio aéreo podrían ser derribados
y declaró que "el Departamento tomaba esta declaración seriamente."
A
pesar de las advertencias por parte de Cuba y Estados Unidos, pareciera que ni
las agencias de inteligencia estadounidenses, ni el Departamento de Justicia, ni
la FAA tomaron pasos efectivos para bloquear a Basulto y a los pilotos de BTTR,
que continuaron sus provocaciones peligrosas e ilegales dentro del espacio aéreo
cubano.
En enero de 1996, BTTR aumentó su invitación a la confrontación
con el gobierno cubano dejando caer 500.000 octavillas cerca de La Habana.
Obviamente conscientes del peligro de una confrontación a la que fueron
alentados y tal vez deseada, los pilotos de BTTR dejaron grabado una videotape
en caso de que ellos no regresaran.
El 15 de enero de 1996, Cuba
nuevamente envió una carta a FAA, informando al gobierno de EEUU de la violación
de BTTR del espacio aéreo cubano el 13 de enero y nuevamente dejando claro que
los pilotos de BTTR deberían estar preparados para enfrentar "serias
consecuencias" si continuaban con sus violaciones ilegales del espacio aéreo
cubano. Nuevamente, Cuba apeló a los EEUU para que adopte las medidas necesarias
para prevenir que los aviones de BTTR violaran el espacio aéreo cubano.
Gerardo Hernández no tuvo nada que ver con la decisión de BTTR de
lanzar octavillas desde sus aviones en enero de 1996, tampoco de la respuesta de
Cuba al incidente. Ni por supuesto estuvo Gerardo en una posición de obligar al
gobierno de los EEUU a adoptar medidas contra BTTR.
Poco después
de que el gobierno cubano advirtió al Gobierno de Estados Unidos que graves
consecuencias seguirían si BTTR continuaban invadiendo ilegalmente el espacio
aéreo cubano y el Gobierno de EEUU advirtió a los pilotos de BTTR, básicamente a
Gerardo Hernández le dijeron lo mismo (aunque con menos detalle). A mediados de
febrero él recibió un mensaje de las autoridades cubanas que Juan Pablo Roque y
René González, los dos hombres que se habían infiltrado en BTTR, no deberían
volar con BTTR del 24 al 27 de febrero, porque podría haber un "enfrentamiento"
en esas fechas. El gobierno de Estados Unidos y los pilotos de BTTR también
sabían que una confrontación podía llevarse a cabo y a diferencia de Gerardo,
habían sido advertidos que esto podría resultar en el derribo de los
aviones.
El líder de BTTR Basulto ha testificado públicamente que
él tenía conocimiento de las advertencias de Cuba "durante mucho tiempo", y que
él y los otros pilotos conocían que la consecuencia de entrar en el espacio
aéreo cubano podría resultar en el derribo.
Entiendo que el 24 de
febrero de 1996, la FAA, no Gerardo Hernández, informó al gobierno cubano
que tres aviones BTTR habían despegado de Miami y que podían entrar ilegalmente
el espacio aéreo cubano. Repito, el gobierno estadounidense pareciera haber
tenido una mayor participación y responsabilidad que Gerardo por lo tanto es el
gobierno de Estados Unidos, y no Gerardo, quien informa al gobierno cubano que
los aviones de BTTR estaban volando.
Es indiscutible que Gerardo
Hernández no tuvo nada que ver con la decisión de BTTR de pilotear ese día
aviones hacia Cuba. Él no alentó ni solicitó hacerlo, ni tenía ningún poder
de detener los vuelos. Sólo el gobierno de Estados Unidos podría haberlos
detenido, si hubiese querido.
A medida que los aviones se acercaban a
Cuba, fueron claramente advertidos de que estaban "en peligro", y que estaban
entrando a una zona que estaba "activada". Gerardo no tuvo nada que ver con
la decisión de Cuba de activar su espacio aéreo. Esta fue obviamente una
decisión hecha en Cuba. Basulto ignoró las advertencias de Cuba a medida que sus
aviones volaban hacia territorio cubano. Si los otros dos aviones entraron en
territorio cubano, está en disputa. Cuba cree que si; el gobierno de EEUU cree
que no. Gerardo por supuesto, no tenía una forma independiente de conocer si los
tres aviones de BTTR entraron o no en el espacio aéreo cubano.
Dos
aviones fueron derribados por MiG cubanos. Cuando el derribo ocurrió, el avión
de Basulto estaba a 2.1 millas dentro del espacio aéreo cubano. Basado en sus
datos del radar, el gobierno de Cuba ha argumentado que el derribo sucedió en el
espacio aéreo cubano. Sin embargo basado en datos de su propio radar y la
información de testigos presenciales, el gobierno de EEUU cree que el derribo
sucedió en el espacio aéreo internacional, por lo tanto constituye asesinato.
En el fondo, parece que el gobierno estadounidense sabía más de lo
que Gerardo conocía acerca de los planes de Cuba antes del derribo.
También pareciera que el gobierno de Estados Unidos, no Gerardo
Hernández, estaba en una posición de evitar una confrontación prohibiendo los
vuelos de los pilotos de BTTR, o la suspensión de sus licencias, algo sobre lo
cual Gerardo no tenía control.
Además, el operador de radar
estadounidense Mayor Jeffrey Houlihan y el Director Técnico del Sector Sureste
de la Defensa Aérea (SEADS por sus siglas en ingles), ambos observaron los
aviones de BTTR rumbo a la Zona de Identificación de la Defensa Aérea Cubana,
observaron uno de los aviones penetrar el espacio aéreo cubano por lo menos a
tres millas náuticas, y observaron a los MIGs partiendo desde Cuba rodeando los
aviones de BTTR, sin embargo no realizaron ningún esfuerzo para comunicarse con
los pilotos de BTTR para instarlos a que abandonaran la zona o para alertar a
los aviones de EEUU para que intervengan. En el fondo, mientras que el gobierno
estadounidense estaba observando los acontecimientos, y no tomando ninguna
medida para prevenir un derribo, Gerardo no tenía idea de lo que estaba
ocurriendo.
Después del derribo una
comunicación a Hernández de funcionarios cubanos declaraba: "Le hemos asestado a
la derecha de Miami un duro golpe donde su papel ha sido decisivo". Una
respuesta de Hernández observaba: "La operación hacia la cual contribuimos un
granito de arena terminó satisfactoriamente". Finalmente, el jefe de la
dirección de inteligencia reconoció a Hernández por los sobresalientes
resultados en el trabajo..." Ninguna de estas comunicaciones indica que
Hernández - o nadie en el gobierno de Estados Unidos, anticiparon que el
derribo, si es que iba a suceder, se produciría en el espacio aéreo
internacional. De hecho, los registros indican que estas comunicaciones se
referían al éxito de la operación planeada por largo tiempo para que el agente
de inteligencia cubano Juan Pablo Roque regresara a Cuba el 23 de febrero de
1996, y no la "Operación Escorpión" sobre los vuelos sobre Cuba de
BTTR.
Cómo responder a la ilegal, frecuente y peligrosa invasión de su
espacio aéreo por pilotos que desean el derrocamiento del gobierno cubano, era
una cuestión compleja decidida al más alto nivel por las autoridades en Cuba, no
por Gerardo Hernández. La complejidad del asunto es demostrada por las
autoridades ejecutivas en el llamado "libro blanco" del Departamento de Justicia
de Estados Unidos sobre "matar el objetivo", hecho público este mes, que
justifica bajo el derecho internacional y doméstico la decisión del Presidente
(u otros funcionarios de la administración "informados y de alto nivel") de
ordenar la ejecución de personas en el extranjero por drones si se cree que esas
personas han estado "envueltas en la planificación de ataques terroristas contra
los Estados Unidos". Su administración nunca dejaría tales decisiones a un
oficial de inteligencia que trabaja en el extranjero, y Cuba ciertamente no dejó
la decisión sobre cómo responder a los vuelos de BTTR a Gerardo Hernández.
Ni siquiera le consultaron sobre la cuestión.
La Corte de
Apelaciones que confirmó la condena de Gerardo estuvo dividida en su decisión,
con un juez que encontró que las pruebas no fueron concluyentes y que la condena
de conspiración para cometer asesinato debía revertirse. Un segundo juez
confirmó la sentencia, pero reconoció que con todos los detalles técnicos
envueltos, era difícil determinar si la condena fue válida. El tercer juez
determinó, basado en numerosos tecnicismos en la ley (según lo interpretado por
el Onceno Circuito de Apelaciones) que requiere una explicación larga y compleja
en su decisión por escrito, para que un cargo de conspiración para cometer
asesinato pudiera ser confirmado.
Sin embargo, independientemente de
los tecnicismos legales que podrían sustentar un cargo de conspiración para
cometer asesinato bajo la ley estadounidense, como fuera interpretada por el
Onceno Circuito de la Corte de Apelaciones, es indiscutible que (1) la
participación de Gerardo en el derribo fue absolutamente mínima, (2) él no hizo
nada para alentar a los pilotos de BTTR para que penetraran ilegalmente el
espacio aéreo cubano, (3) él no tuvo nada que ver con la decisión de derribar
los aviones de BTTR, (4) él sabía menos acerca de lo que había sido planeado por
el gobierno cubano de lo que sabía el gobierno de EEUU y (5) incuestionablemente
hubo mucho más de lo que el gobierno estadounidense podría haber hecho para
evitar el derribo de lo que Gerardo podría haber hecho. En este contexto, una
cadena perpetua para Gerardo por "conspiración para cometer asesinato" es una
sentencia extremadamente dura, inmerecida y fundamentalmente injusta.
El
principio de proporcionalidad--de que el castigo debe ser proporcional a la
gravedad del delito--es un principio fundamental del derecho nacional e
internacional y de los derechos humanos. Este principio está incorporado en el
artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 7 del
Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles y la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos, o Degradantes. El principio de
proporcionalidad es también la piedra angular del derecho penal internacional.
Bajo el artículo 77 del estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, una
cadena perpetua está permitida pero debe estar "justificada por la extrema
gravedad del crimen y las circunstancias individuales del
condenado".
Además de la gravedad totalmente injustificada de la
sentencia de Gerardo, debo señalar también que la validez de la subyacente
conspiración para cometer asesinato es altamente cuestionable. Claramente, no
hay ninguna defensa a un país en el derribo de un avión civil en el espacio
aéreo internacional, cuando el avión civil no plantea una amenaza inminente para
la seguridad de los demás. Por otra parte, es probablemente cierto que un país
puede derribar legalmente un avión civil que ha invadido reiteradamente e
ilegalmente su espacio aéreo, que ha rozado peligrosamente su Capitolio, que ha
rechazado repetidas advertencias para cesar sus actividades ilegales y que ha
alentado abiertamente el derrocamiento del gobierno del país. Incluso en el
juicio de Gerardo, los Estados Unidos no ofrecieron ninguna evidencia - por no
existir - que mostrara que Gerardo realizó "conspiración" (es decir, un acuerdo)
con el gobierno cubano para derribar a los aviones BTTR en el espacio aéreo
internacional. De hecho, Estados Unidos no pudo probar que Gerardo hiciera un
acuerdo para derribar a los aviones. Como se señaló anteriormente, lo único que
Gerardo sabía era que podría existir una "confrontación" con los aviones de
BTTR, es decir mucha menos información de la que el gobierno de Estados Unidos
tenía en su poder.
Para todas las razones mencionadas anteriormente, le
pedimos que considere seriamente ejercer sus poderes Ejecutivo para autorizar
(1) la desclasificación de todos los registros de Estados Unidos con respecto al
derribo de los aviones de BTTR y (2) la excarcelación de Gerardo y su regreso a
Cuba. Hacerlo sería no sólo mostrar el compromiso del gobierno de los Estados
Unidos de proporcionalidad en las sentencias y una justicia igualitaria y justa,
también podría ser un paso importante que contribuya al proceso de normalización
de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, algo apoyado por la mayoría de
los estadounidenses y por países de todo el mundo.
En espera de una
respuesta de su Administración sobre esta cuestión. Gracias por su
consideración.
Sinceramente,
Peter
Schey
Presidente
Centro para los Derechos Humanos y Derecho
Constitucional
ccs: U.S. Senator Patrick
Leahy
U.S. Senator Jeff Flake
U.S. Senator
Sherrod Brown
U.S. Senator Debbie Stabenow
U.S. Senator Sheldon Whitehouse
U.S.
Congressmen Jim McGovern
U.S. Congressmen Chris Van
Hollen
James Robert Clapper, Jr., Director of National
Intelligence
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